viernes, 28 de marzo de 2025
jueves, 27 de marzo de 2025
Criminales sí, poetas no
El 6 de abril de 2007, el cubano Luis Posada Carriles fue perdonado de todo cargo por una jueza federal de Texas. Dos años atrás, Posada Carriles había sido detenido por entrar al país de forma ilegal a través de la frontera con México, luego de que la presidenta Mireyas Moscoso de Panamá lo indultara en 2000 por mediación del presidente Bill Clinton. Un agente de la CIA asignado al caso, había reconocido en un artículo del New York Times del 13 de julio de 1998 que, desde el principio de la investigación, “Bosch y Posada eran los principales sospechosos; no había ningún otro”. Ni lo hubo nunca.
Exactamente veinte años antes, el cubano Orlando Bosch también había sido arrestado por entrar ilegalmente a Estados Unidos. Ninguno de los dos se había arriesgado a lanzarse en una balsa desde Cuba para ampararse a la vieja y atractiva ley de Pies mojados, pies secos. Sin Embargo, el entonces secretario de comercio de Florida, Jeb Bush, intercedió y su padre, el presidente de Estados Unidos y ex director de la CIA, George H. Bush, perdonó a Orlando Bosch quien, según la CIA y el FBI, era el autor de al menos treinta actos terroristas en suelo estadounidense y en otros países, como el auto bomba que, en 1976 le costara la vida en Washington a Ronni Moffitt y al ex ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier. Este atentado terrorista fue ordenado por Pinochet y ejecutado por Michael Townley y sus amigos cubanos de Miami y Unión City. Creo haber explicado de forma extensa y bastante clara este rompecabezas imposible en el libro 1976. El Exilio del terror.
Durante los años 70, los ataques terroristas por la libertad, la mayoría planeados en Florida y Nueva Jersey, continuaron con aún más virulencia desde su creación en 1959. Los mismos grupos de cubanos exiliados con base en Miami realizaron 16 atentados en Cuba (entre bombardeos y la introducción de agentes patógenos) y 279 en Estados Unidos. Solo entre 1974 y 1976, Washington reconoció 113 atentados en el país y 202 en otros 23 países. En Miami, en solo dos años, lograron explotar 200 bombas, algunas de ellas en la Oficina del Fiscal, en las oficinas del FBI y en el Departamento de Policía. Cinco exiliados cubanos fueron asesinados por sus propios camaradas. Uno de los conocidos líderes del exilio e informantes del FBI, El Mono Ricardo Morales, no se presentó el día del juicio contra uno de sus camaradas.
Entre otras líneas de su currículum, Posada Carriles (como más de otros mil “combatientes”) había participado de la fallida invasión de Cuba en Bahía Cochinos, en diversos atentados terroristas contra la isla hasta entrado el siglo XXI y en el acoso a Nicaragua en los ochenta desde la base aérea estadounidense de Ilopango junto con decenas de otros operadores secretos, a las órdenes del coronel Oliver North. Según el New York Times del 15 de octubre de 1986, por entonces la base salvadoreña, centro de operaciones de la CIA, contaba con “más de 60 helicópteros comunes, 12 helicópteros de combate y por lo menos cinco AC’47 y 10 aviones de combate”.
En los ochenta y en los noventa, los atentados con bomba no se detuvieron con el ingreso a la política de los principales empresarios que los apoyaban, como Jorge Mas Canosa. Solo en 1989 se registrarán 18 atentados con bombas. Casi todos impunes. Casi todos sus autores olvidados por la prensa, a excepción de unos pocos, como Luis Posada Carriles, Orlando Bosch y El Mono Morales.
Enterados de la aparición del agente Posada Carriles en 2000, los gobiernos de Cuba y de Venezuela solicitaron su extradición para ser juzgado por actos de terrorismo. La CIA sabía y el FBI informó que, entre varios actos de terrorismo, Posada Carriles era el principal sospechoso de la bomba que mató a 73 personas del vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976. Su amigo Orlando Bosch (ambos agentes secretos de la policía de Venezuela) había definido el acto como un “acto legítimo de guerra”. Pese a que el mismo Posada Carriles reconoció haber sido el autor de otros actos de terrorismo, como explosiones de bombas en lugares públicos, la jueza federal de El Paso, Texas, Kathleen Cardone, estableció una fianza de 250 000 dólares para su liberación y obligó al condenado a residir en una casa de Miami con su esposa. Su extradición fue desestimada bajo el argumento de que en países como Cuba o Venezuela el acusado podría ser sometido a prácticas de tortura. A pesar de que el FBI lo definió como “un terrorista peligroso”, Posada Carriles no será enviado al centro de tortura que la CIA y el gobierno de Estados Unidos mantienen en territorio extranjero, en Guantánamo, sino a Miami, donde vivirá sus últimos once años de vida en libertad, caminando por la Calle 8 y disfrutando de las interminables playas de Florida.
Según el fiscal general de Estados Unidos, Dick Thornburgh, Bosch era “un terrorista que nunca se arrepintió”. Para el fiscal Joe Whitley, siempre fue “una amenaza a la Seguridad Nacional”. Nada de lo cual les impidió a él y a otros terroristas como Posada Carriles jubilarse y vivir protegidos en Miami. Para entonces, un centenar de asesinos y genocidas de esos países horribles del sur vivían libremente en Florida como si fuesen respetables hombres de negocios de traje y corbata. Los generales Carlos Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, responsables de violaciones y matanzas en la dictadura proxy de El Salvador, serán sólo tres de los casos más conocidos en Florida.
Según el Center for Justice and Accountability (CJA) con sede en San Francisco, cientos de terroristas y genocidas de todo el mundo que alegan haber luchado por la libertad asesinando a todo el que pensara diferente viven en Estados Unidos, algunos con otros nombres. Algunos no tuvieron tanta suerte, como el general Inocencio Montano, responsable de las matanzas en El Salvador durante los años 80 y 90. Montano fue descubierto en Florida, llevando una vida de honorable abuelo de familia, y fue extraditado a España en 2016. Su pecado no consistirá en haber matado a miles de salvadoreños sino a ciudadanos españoles en la masacre de jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en 1989.
En 2005, el cubano y especialista en inmigración radicado en Washington José Pertierra lo resumirá de forma clara: “Si Posada Carriles fuera miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos en vez de terrorista, la cosa sería diferente. No pudiera aspirar a entrar a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional les niega las visas a los poetas y artistas cubanos, pero le concede libre entrada al país a los terroristas. Cuba es uno de los siete países que Estados Unidos considera terroristas, y con ese pretexto el gobierno de George W. Bush les niega la entrada a los músicos, poetas, periodistas, escritores, y académicos cubanos por el simple hecho de que, como viven y trabajan en Cuba, son empleados del gobierno…”
Jorge Majfud | 25/03/2025
miércoles, 26 de marzo de 2025
Perú: el estado de emergencia de Boluarte, una medida reaccionaria
El gobierno introdujo a los militares en tareas de seguridad interior
El gobierno de Dina Boluarte impuso desde el 18 de marzo un estado de emergencia por 30 días en Lima y la provincia de Callao, tras el asesinato del cantante de una popular banda de cumbia en la capital peruana.
Desde comienzos de año, se han registrado en Perú más de 450 crímenes y cerca de 2 mil denuncias de extorsión, como parte de un espiral ascendente de esta clase de delitos desde 2017. Esto ha desatado un estado de inquietud y zozobra generalizado que abarca tanto a los sectores más explotados como a comerciantes, transportistas y empresarios. El movimiento obrero es víctima directa de los sicarios. Según la CGTP Joven, 25 referentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) fueron ejecutados por bandas que quieren apoderarse del control de las obras de construcción.
El estado de emergencia dictado por Boluarte es una medida reaccionaria que restringe la libertad de reunión y circulación, saca a los militares a las calles y permite el ingreso a domicilios y las detenciones sin autorización judicial por parte de las fuerzas represivas. Estas disposiciones, que coartan las libertades democráticas, no tendrán, sin embargo, ningún impacto en la reducción del delito y el desmantelamiento de las bandas criminales, como lo muestra la experiencia de aplicación del estado de emergencia en ciertos distritos limeños a lo largo de 2024.
Protestas populares y problemas en el gabinete
A pesar de la declaración del estado de emergencia, este viernes 21 se desarrollaba en Lima una convocatoria bajo el lema “No queremos morir” para reclamar a los tres poderes del Estado una respuesta frente al problema de la inseguridad. Adherían a la jornada numerosas bandas musicales, uno de los gremios de transportistas (Anitra), el Colegio de Psicólogos, el Bloque Feminista, la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados de Perú (Anacopri), egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, entre otros.
En vísperas de la manifestación, se aprobó en el parlamento una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que contaba con un férreo respaldo de la presidenta. Boluarte debe confirmar un nuevo ministro en las próximas 72 horas, que sería el séptimo que desfila por ese cargo desde que está en el poder.
La moción de censura fue impulsada por los diputados Diego Bazán (de Renovación Popular, una fuerza de ultraderecha que tiene como principal referente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga), Jaime Quito (de Nueva Constitución, un desprendimiento de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón) y Susel Paredes (quien acaba de romper con Primero la Gente, un partido de centro). El planteo reunió 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Casi todo el fujimorismo (Fuerza Popular) acompañó la iniciativa. Es decir que, bajo el impacto de la crisis por la inseguridad, algunos de los espacios que sostienen a Boluarte en el poder –la cual carece de una fuerza propia- se vieron obligados a buscar un fusible en el Ejecutivo.
Boluarte, quien ha declarado ante los medios que no descarta impulsar la pena de muerte por el delito de extorsión, intenta seguir los pasos del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y de Daniel Noboa en Ecuador, quien impuso el estado de excepción y militarizó el país. Una salida de estas características reforzaría todos los ataques que el gobierno asesino de la mandataria viene instrumentando contra el pueblo, con el apoyo de los principales bloques legislativos.
Frente al problema de la inseguridad, las organizaciones obreras necesitan impulsar un planteo propio que apunte al desmantelamiento del aparato represivo, siempre entrelazado con los grupos criminales. Por la nacionalización bajo control obrero de los bancos y los puertos, que son escenario del lavado de dinero y el contrabando. No al estado de emergencia. Fuera el gobierno de Boluarte y el Congreso corrupto.
Gustavo Montenegro
martes, 25 de marzo de 2025
Crisis política en Colombia
La crisis política se da por la impotencia de Petro para implementar las reformas limitadas que se propuso, debido a la falta de apoyo, no sólo por parte de la oposición, sino de la propia coalición que le hizo ganar las elecciones.
El Congreso de Colombia rechazó en diciembre una propuesta de aumento de impuestos, dejando al gobierno con poco margen fiscal después de registrar un déficit el año pasado del 6,8 por ciento del PIB, muy por encima de su meta del 5,6 por ciento, y menores ingresos que los proyectados (Financial Times, 19/03).
Diego Guevara, el ministro saliente -tras acusaciones de corrupción-, era partidario de efectuar recortes en gastos sociales a los que Petro se niega y a los que pretendía cubrir con la reforma tributaria.
Esta situación está generando una devaluación del peso y la agencia calificadora Fitch rebajó la perspectiva crediticia de Colombia de "estable" a "negativa", alegando preocupación por el deterioro fiscal y la incertidumbre sobre las medidas. La deuda pública equivale al 60% del PIB y a eso hay que sumarle la deuda flotante por los compromisos de pago no ejecutados que en 2024 ascendió a 61 billones, casi el doble de 2023.
La otra gran reforma que Petro quiere implementar es sobre el sistema de salud. Actualmente está privatizado y la cobertura a la población sin recursos se hace por medio de un sistema de subsidios. Pero además, entre la recaudación de los recursos (tarifas y subsidios) y los servicios de salud, existen unas intermediarias –que pueden ser públicas o privadas– las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales dan lugar a corrupción y generan un sobrecosto parasitario.
El presidente pretende aumentar el control estatal y reducir el papel de las EPS. Como esto fue rechazado por el congreso, Petro pretende ejecutar las reformas directamente, pero no cuenta con el apoyo de la coalición de gobierno.
El mero intento de reforma produjo la reacción de las empresas de la salud que están acaparando medicamentos –generando desabastecimiento– y obstruyendo la atención médica, dilatando los turnos, generando una crisis sanitaria de magnitud.
Esto llevó a Petro a declarar que era un “presidente revolucionario en un gobierno que no lo es” y que se equivocó en creer que se “podía hacer una revolución desde el gobierno”.
Para conseguir apoyo el presidente convocó a la movilización popular protagonizada principalmente por los sindicatos.
Crisis general
En enero, Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica debido a los hechos de violencia protagonizados por el ELN y desprendimientos de las FARC que se disputan el control de los recursos y las rutas del narcotráfico en la región del Catatumbo. Los enfrentamientos dejaron unos 80 muertos, más de 20 heridos y más de 11.000 personas desplazadas.
Esto al mismo tiempo que se lleva a cabo el juicio por los falsos positivos -la masacre de más de 6.000 campesinos que los militares llevaron adelante para hacerlos pasar por guerrilleros y hacer carrera en el ejército-. Los responsables políticos como el ex presidente Uribe, y decenas de jerarcas militares implicados están quedando exentos de presentarse ante la justicia.
Además, el Consejo de Estado tumbó la personería jurídica del partido político de la vicepresidenta Francia Márquez, después de que ella lanzara críticas sobre corrupción de un sector del gobierno y renunciara a dirigir un ministerio.
Petro mismo se puso entre la espada y la pared. De un lado, la burguesía no está dispuesta a ceder ni el más mínimo privilegio. Del otro, las reformas de Petro son tan limitadas que no son capaces de despertar el fervor popular que pueda obligar a llevarlas adelante. No tiene a su favor ni una renta de hidrocarburos extraordinaria ni el boom de la soja, ni ningún otro escenario internacional favorable, como sí tuvieron otros gobiernos nacionales y populares cercanos en el tiempo, los cuales tuvieron margen para hacer reformas menores y beneficiar a amplios sectores de la burguesía al mismo tiempo.
Muy por el contrario, como paso previo de una guerra mundial, la guerra comercial amenaza con llevarse puestos economías y gobiernos sin distinciones ideológicas.
Aldana González
25/03/2025
lunes, 24 de marzo de 2025
BlackRock llega a un acuerdo preliminar para controlar decenas de puertos estratégicos
Entre los puertos en juego están los de Panamá
Está absolutamente clara la política de ofensiva sin pausa que impulsa el presidente de Estados Unidos con la mira en China, pero que incluye también una mayor subordinación de la Unión Europea y de otros estados de menor peso en la economía mundial. Los aranceles anunciados a Canadá y México, como a diversas mercancías como acero, cobre, etc., son apenas uno de los aspectos de esa guerra comercial sin medias tintas que pretende imponer.
Pero la ofensiva, con amenaza militar incluida, para el dominio de EEUU sobre el Canal de Panamá, podría derivar en un cambio sustancial a escala planetaria, y no sólo de la vía interoceánica en Centroamérica.
El fondo de inversión yanqui BlackRock llegó a comienzos de mes a un principio de acuerdo (en sociedad con Terminal Investment Limited –TIL-, filial de Mediterranean Shipping Company –MSC-, firma de la familia italiana Aponte) para quedarse con el 80% del paquete accionario de la división puertos y servicios (Hutchison Ports) de Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison) con sede en Hong Kong, lo cual incluye el dominio de 43 puertos en los cinco continentes que antes dependían en su operación o pertenecían a la multinacional radicada en Hong Kong. Esta última solo conservaría los 10 puertos que tiene en China.
Pasarían a manos del capital especulativo de Black Rock y asociados, nada menos que 11 puertos en el oriente de Asia (Indonesia, Malasia, Corea del Sur, Tailandia, Myanmar, etc.) y Australia, trece puertos en Europa y varios en América, incluidos los puertos de Balboa y Cristóbal ubicados en cada extremo del Canal de Panamá. Esto último requiere aún el aval del gobierno panameño, según algunos medios.
La operación involucra la friolera de 22.700 millones de dólares y surge luego de una visita a Panamá del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ni bien asumió Donald Trump.
El gigante gestor de activos, que administra fondos por el equivalente del 40% del PBI de EEUU, se apresta a obtener, con el apoyo político y la presión militar de Trump, no solo el control sobre el tráfico portuario en el Canal de Panamá, sino de gran parte del comercio mundial.
Lo cual incluye puertos como el de Rotterdam y Amsterdam, verdaderas puertas de entrada a Europa y otros puertos claves en Corea del Sur, Indonesia, Malasia, etc. Lugares por donde fluye gran parte del comercio mundial, y algunos de ellos ubicados estratégicamente sobre el mar del sur de China, un terreno en disputa militar y zona “caliente” del planeta, donde casi a diario se registran incidentes con barcos o aviones de los ejércitos de la zona.
Como la guerra comercial y la guerra militar están profundamente entrelazadas, si Black Rock y todos los inversores institucionales que lo conforman, pretenden utilizar su injerencia recientemente alcanzada en el comercio mundial para un favoritismo de EEUU, la competencia comercial mundial se va a incrementar y la tendencia a un dislocamiento es muy probable. Lo que cambiaría de manos, de una multinacional con sede en Hong Kong, a una multinacional con sede en EEUU, tiene gigantescas implicancias en todo el planeta, en un momento donde éste último país nunca pudo recuperarse de la crisis del 2008, es dirigido por un gobierno de tendencias agresivas y expansionistas, y que no dejará de utilizar a Black Rock como un elemento de presión, esencialmente contra China.
Pero entre las cinco grandes multinacionales que manejan las operatorias portuarias del mundo, China tiene sus propios gigantes como la estatal Cosco (naviera y operadora más de 100 puertos en todo el mundo). La misma que acaba de construir el megapuerto de Chancay en Perú, inaugurado a fines del año pasado con la visita de Xi Jinping.
Así, de la ofensiva contra la supuesta injerencia china en el Canal de Panamá, que ahora sería injerencia de EEUU, se está saltando a una guerra por el manejo de las rutas, puertos y logística por los que se canaliza el 80% del comercio mundial. Es casi una acción de guerra con todas las letras.
Por todo esto, no es de extrañar que la decisión de Hutchison de desprenderse de muchos de sus puertos haya desatado un fuerte malestar en Pekín, según detalla un artículo de la agencia AP reproducido por el diario argentino La Nación (21/3).
La pérdida del dominio de los mares ha sido un gran factor de desmoronamiento de imperios europeos y en Oriente. Y si una cuarta parte del comercio mundial pasa por el mar de China, epicentro de los roces militares explícitos, podemos decir que la operación de Black Rock con la banca de Trump es apenas una somera idea de las veleidades expansionistas y guerreristas del gobierno de EEUU y el prolegómeno de acciones de abierto carácter militar.
Guerra a la guerra debe ser un estandarte global de toda la clase obrera y la izquierda revolucionaria.
Norberto E. Calducci
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