Nuevas medidas migratorias cubanas

El gobierno cubano acaba de anunciar la adopción de cuatro nuevas medidas migratorias, encaminadas a facilitar los contactos de Cuba con su emigración.
Tales medidas se corresponden con la continuidad de una política que desde 1978 ha venido rompiendo barreras, en un campo particularmente sensible para la sociedad cubana y la seguridad nacional del país. Se impone, por tanto, evaluar como positivo cualquier avance en este sentido, aun cuando resulta evidente que queda bastante por hacer.
Así lo reconoce el propio gobierno de Cuba y avanza la noticia de que se estudian nuevas medidas en este sentido, tal y como lo exigen las necesidades del país y las obligaciones del Estado con sus emigrados y la propia sociedad cubana.
Una medida de amplio impacto ha sido autorizar las visitas de los migrantes ilegales que antes tenían que esperar ocho años para viajar a Cuba. Aunque excluye a un número pequeño de aquellos que lo hicieron violando las normas de seguridad alrededor de la Basa Naval norteamericana en Guantánamo, se trata de miles de personas que en los últimos años representaron un alto incremento de las salidas ilegales, sobre todo mediante el corredor centroamericano, hasta alcanzar la frontera norteamericana con México.
Lo hicieron amparados en la existencia de la política de pie seco/pie mojado, que establecía recibirlos de manera indiscriminada en Estados Unidos. Cuando, en enero de este año, esta política fue cancelada por Obama, las salidas ilegales disminuyeron a niveles despreciables y esto evidentemente permite adoptar esta medida, sin que fuese interpretada como un estímulo a la migración ilegal, en violación de los acuerdos migratorios de 1994.
Quizás también facilita eliminar la llamada “habilitación del pasaporte”, bastante cuestionada en las reuniones del gobierno cubano con representaciones de los emigrados en diversas partes del mundo, debido a que era interpretada como una secuela de los permisos de entrada antes existentes.
En realidad, la habilitación fue establecida en 2004 para que funcionara como una especie de permiso de entrada permanente y fue un paso de avance respecto a estos permisos. A partir de 2014 quedó limitada a validar los pasaportes de las personas que no tenían problemas para entrar en Cuba.
Según Bruno Rodríguez, canciller cubano, la eliminación de la habilitación beneficia a 823 000 personas, por lo que es de suponer que una buena parte de ellos son los ilegales que tenían prohibido su ingreso al país. De todas formas, la eliminación de la habilitación implica la complicación de que ahora una persona que no pueda ingresar a Cuba se va a enterar cuando arribe a la frontera, a no ser que previamente consulte con el consulado cubano.
Al parecer, esta medida ha originado la confusión de que también se está eliminando la exigencia de prorrogar el pasaporte cada dos años y no es así. El costo del pasaporte cubano, su renovación cada seis años con prórrogas cada dos, constituye una de las principales quejas de la emigración y una limitante económica importante para sus viajes a Cuba.
Algunos lo justifican a partir de la situación económica que atraviesa el país, pero la realidad es que ello impide el viaje de muchas personas, especialmente de familias enteras, que no pueden asumir estos costos, con lo que se pierde mucho más de lo que se gana. Los emigrados lo perciben, además, como una carga abusiva, lo que enrarece cualquier esfuerzo encaminado al mejoramiento de relaciones.
Quizás, entre las medidas adoptadas, una de la más importante de cara al futuro, es promover la adopción de la ciudadanía cubana de los hijos de emigrados nacidos fuera de Cuba.
Al eliminar el requisito del llamado “avecindamiento”, que implicaba la permanencia de tres meses en el país, se facilita el trámite y se estimula un proceso de alcance estratégico para la nación cubana, toda vez que estamos hablando de la tercera y cuarta generación de descendientes y de los hijos de los nuevos emigrados, un enorme capital humano que Cuba necesita y tiene que aprender a aprovechar.
Por último, fue decretada la autorización para que “cubanos residentes en el exterior” entren y salgan del país en embarcaciones de recreo, por el momento, solo a través de dos de las marinas existentes en el país. De esta manera se da continuidad a lo establecido el 22 de abril de 2016 para el caso de los cruceros, aunque ahora solo referida a las personas que residen fuera de Cuba.
Parece una medida de menor importancia, pero en el caso cubano casi todo transita por un componente de seguridad que complica decisiones aparentemente simples. El problema de las embarcaciones de recreo es que históricamente fueron utilizadas para acciones terroristas y el tráfico de personas, también las destinadas al turismo fueron objeto de frecuentes secuestros con vista a salidas ilegales, con la agravante de poner en peligro a los turistas y la pérdida de las embarcaciones.
Poder flexibilizar estas normas es un indicador del nivel de normalidad alcanzado en las relaciones migratorias después que Estados Unidos eliminó la política de pie seco/pie mojado, lo que indica que, a diferencia de otros países donde la emigración ilegal resulta incontrolable, en el caso cubano era una fenómeno básicamente alentado por la política norteamericana, que debe sostenerse en el tiempo si no se modifican los acuerdos migratorios.
Aunque esta medida afecta a un número limitado de personas, tiene un importante valor simbólico, porque elimina medidas discriminatorias que afectaban, y en algunos casos todavía afectan, tanto a los emigrados como a los cubanos residentes en el país.
Si bien parece clara la mirada estratégica de la política migratoria cubana y su implementación ha sido bastante consecuente con esta orientación durante casi 40 años, no es menos cierto que aún prevalecen visiones afincadas en el pasado, que limitan el alcance y el dinamismo de las reformas.
La política migratoria cubana no puede hacerse sin tener en cuenta las relaciones con Estados Unidos, pero, precisamente por esto, debe estar concebida por encima de las coyunturas políticas que acontecen en estas relaciones. En 1978 Fidel Castro lo definió como un “problema nacional” y dijo:
“(La) comunidad cubana, como todas las comunidades que están en otro medio, en otro medio nacional, digamos que trata de mantener su identidad nacional (…) No importa lo que sean, si es un millonario en la emigración o es un trabajador cubano en la emigración (…) no se trata aquí de un problema de clase, es un problema de tipo nacional (…) Y eso lógicamente despierta la solidaridad nuestra (…) No importa que ellos no simpaticen con la Revolución, pero a nosotros nos satisface saber -y lo vemos, lo comprobamos- que la comunidad cubana trata de mantener su idioma, sus costumbres, su identidad nacional cubana”.
Conclusión: la política hacia la emigración es una política nacional.

Jesús Arboleya
Progreso Semanal